Los análisis sobre España mejoran su comprensión si integramos al conjunto de interpretaciones, la existencia de la derechona y su poder e influencia en las élites y en la sociedad, su histórica ideología carca anclada en la contrarreforma e inculta en cada momento histórico, enemiga acérrima de la cultura, del conocimiento, de la ciencia, la racionalidad, investigación e innovación, como fuentes de progreso –tradicionalmente nuestros horizontes se ven cargados de torres y campanarios y no de chimeneas que indican producción y trabajo, un país de pocas escuelas, y religiosas, y solo muy recientemente de públicas-.

Gentes que dominaron el país asentadas en privilegios reales, religiosos y conquistados por la sangre desde la Edad Media, sin revoluciones burguesas que cortaran cabezas y limitaran sus poderes desde hace 200 o 300 años, llegando hasta ayer a los que sumaron  los conseguidos con la sangría que cometieron en la guerra civil, y posterior postguerra. Derechona que en grandes períodos históricos dominó y sometió al conjunto de la derecha y el pensamiento conservador homologable con el europeo, enemiga del trabajo como fuente de riqueza que nunca potenció ni valoró, bien al contrario, despreció, y que para más inri creen ser los dueños del país, por la gracia de Dios, de sus tierras, bosques y playas, comercio e industrias, de sus gentes y futuro, de banderas y símbolos. Alguien puede explicar acudiendo a conceptos como capitalismo o mercados, la sinrazón e injusticia de que la Iglesia Católica se apropie e inscriba en el Registro de la Propiedad la Mezquita de Córdoba, por 30€ -treinta euros les costó, e incluso la están cambiando el nombre en carteles, libros, entradas- así como multitud de propiedades comunales, tales como ermitas, fincas, montes, edificios… todo ello apoyados en una ley del Gobierno del PP de Aznar que les permitía inmatricular aquello que no estuviera registrado y ponerlo a su nombre. Eso sí, como de costumbre sin pagar impuestos, como tampoco los paga por solares, aparcamientos, edificios…

Los capitalistas carpetovetónicos, individualmente o encuadrados grupos políticos o en patronales modernas, apoyan a sus corruptos convictos y confesos, son enemigos de toda competencia y mercados, que se las traen al fresco para ganar dinero mientras tengan subvenciones estatales y concesiones privilegiadas, sean de radio televisión, como de líneas de transportes, sean de suelos o restricciones de entradas en sectores productivos… facilitadas por su amigos políticos, al precio que fuere. Mercados y capitalismo competitivo les traen al fresco, mientras tengan cercanía con caciques que les permitan mamar del Estado, reminiscencia franquista no desterrada de tiempos más antiguos, amplias concesiones y privilegios a grandes empresas, como el agua de nuestro ríos a eléctricas, o suelos bosques y playas a industrias no competitivas para que se aprovechen de las ventajas, o grandes concesiones de obras públicas entregadas a constructoras e importadoras o telecomunicadoras amigas, a cambio de sobornos –así los llama la prensa extranjera a los aquí muy suavecitos sobresueldos- ; garrulos que se enriquecen mutuamente junto con los caciques locales y regionales por recalificaciones que perjudican a los pueblos, tratos de favor y privilegios a donantes pequeños o medianos y correligionarios, colocación y trabajo en empresas públicas creadas ad hoc a familiares y amigos, pléyades de asesores como aduladores y nuevos cortesanos, -Ayuntamiento de Madrid 200 consultores amiguísimos, con sueldos por encima de 50.000 € salario suficiente 10.000.000, para pagar 1.000 nóminas—Los etc. son tantísimos que se convierten en una de las causas principales que explican la situación de España, y no los mercados.

El problema se agrava por los apoyos sociales a corruptos y ladrones, porque ‘son sus cabrones’, la ideologización llevada a las últimas consecuencias por el pueblo e instituciones, que benefician a los indeseables a costa del perjuicio particular y colectivo, el patrimonio público que reparten, y que habrá que pagar a través de impuestos. Los escándalos de Marbella, Valencia, Madrid, Galicia, o Andalucía… amén de una pléyade ayuntamientos y gerentes de instituciones, con repetidas mayorías absolutas conseguidas por corruptos, es prueba de la pérdida de moral colectiva. Sumen el desastre que representa para una sociedad democrática comprobar que los servidores del orden público, no protegen ni sirven a los ciudadanos, y ver que la policía solo pega y detiene alos que protestan por tanto delito y tanta injusticia cometidas por selectos personajillos, cuando podrían evitar las protestas cumpliendo con su deber democrático deteniendo a los que provocaron los desaguisados. Nadie puede justificar por qué un tal Bárcenas entra y sale como quiere, cuando quiere, sin que nadie le moleste, y a los sobornados, según la propia investigación policial, les siguen prestando protección,…. o tantos evasores fiscales comprobados por los datos de la lista Falciani son protegidos por autoridades y medios de prensa para que sus nombres no se conozcan.

Los mercados poco pueden explicar sobre lo acontecido en España relacionado con la actitud complaciente y de pérdida de ética de los muchos individuos que dirigen instituciones que son arrastradas beneficiando a unos pocos indeseables privilegiados obviando el beneficio debido a la sociedad en su conjunto, saltándose normas y espíritu de las leyes, renegando de la mínima justicia y eficiencia en sus trabajo de control que siempre perjudica al pueblo en la misma medida que beneficia sus bolsillos, vemos una falta manifiesta de controles, sean bancarios, o de agencias reguladoras de competencia, o del Tribunal de Cuentas o de ministerios en defensa de lo público para y por lo que cobran. Igual se puede aplicar a los órganos de dirección de la judicatura, apoyados por correligionarios en sus tropelías de uso de caudales y favores, o los retrasos judiciales en atacar robos y delitos de puños blancos, mientras se aplica máxima diligencia en un robo de manzanas. Contra un mantero y un fumata dilapidamos recursos que deberían destinarse a luchar contra el narco organizado y los grandes defraudadores, muestra de máxima protección de mandatarios públicos contra de la ineficiencia económica y social.